¿Hasta dónde llega la legítima defensa ciudadana?

El linchamiento ocurrido en La Florida el domingo en la madrugada ha generado un fuerte debate sobre los límites legales de las detenciones ciudadanas. Una turba persiguió y atacó brutalmente a un hombre, presuntamente involucrado en un asalto a una mujer, lo que le provocó la muerte. Este hecho ha llevado a recordar que, aunque los ciudadanos pueden detener a quienes sorprendan cometiendo un delito, las agresiones o actos de violencia extrema no están permitidos por la ley.

Paul Eichwald, abogado y Coordinador Académico de la Escuela de Desarrollo Social y Educación, explica las restricciones legales: “Acá lo que hay que tener claro es quién puede detener y cuándo se puede realizar una detención ciudadana. Lo primero es lo que señala el Código Procesal Penal en el artículo 125: ‘Ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante y, en este caso, para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere.’”

La ley permite que cualquier persona pueda detener a alguien sorprendido en delito flagrante, pero con condiciones claras. Eichwald enfatiza en este sentido que “la autoridad correspondiente es Carabineros o la PDI. Sin orden, solo se puede hacer en casos de flagrancia, y la ley es precisa: se debe llevar inmediatamente al detenido ante la autoridad, sin realizar apremios ni agresiones.”

El artículo 129 del Código Procesal Penal es específico: “Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima” y agrega que “no se pueden realizar apremios de ninguna índole. No se puede golpear, menos agredir de tal forma que provoque la muerte. Quienes realizan la detención ciudadana provocando lesiones o muertes deberán responder por estos hechos ante la justicia penal.”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también se refirió a los riesgos de estas detenciones violentas: “El peligro es que las víctimas terminen siendo victimarios y condenados”.