La Convención Constitucional se apresta a revisar los proyectos presentados por la ciudadanía en diversos ámbitos del quehacer nacional, uno de los cuales propone dentro de los derechos fundamentales otorgar el reconocimiento constitucional a la enseñanza técnico profesional.

No sólo se trata de garantizar que el Estado asegure un acceso equitativo e igualitario, sino de entender que el estudiante debe ser el centro de toda política que apunte a la adquisición de las habilidades que demanda el sector productivo.

Además, toda constitución que se precie de tal debe garantizar la libertad de enseñanza y reconocer en la diversidad de nuestra sociedad un modelo de educación estatal y privado que permita a las personas elegir de acuerdo a su vocación.